Una madre abandona a sus hijos en el colegio y renuncia a su tutela en favor de la Administración

Parece ser que la situación económica es la que ha empujado a la madre a pedir que sea la Administración quien tenga la tutela de sus hijos, hecho que en sí mismo no constituye un delito, pero sí que lo es el abandono, ya que acarrea una responsabilidad penal con posibilidad de ir a la cárcel durante tres años

una madre abandona a sus hijos en el colegio y renuncia a su tutela
Ana Bort
8/5/2013

La crisis sigue ofreciendo su peor cara. Esta semana la prensa local está conmocionada por el caso de unos niños que han sido abandonados por su madre en su colegio de Benicalap el lunes. Su progenitora dejó a sus hijos, de cinco y nueve años, en el colegio por la mañana pero no acudió a las cinco a por ellos.

Tras esperar una hora, la directora del centro llamó a la policía, que se llevó a los niños hasta la noche, momento en el que pudo encontrar a la madre, de origen cubano. Ésta explicó que debido a la situación económica no podía hacerse cargo de los menores, ya que además tenía otro bebé de cuatro meses al que mantener de su actual relación sentimental.

La madre pidió a la policía que realizara todos los trámites para que la Administración se encargara de los niños, por lo que ayer de madrugada estos ingresaron en el centro de acogida de menores Les Palmeres en Alboraya.

Antes fueron examinados en el Hospital La Fe, ya que la policía sospechaba que pudieran estar en mal estado o que hubieran sufrido maltrato, aunque este último hecho fue descartado tras el reconocimiento.

Los vecinos de la madre de los niños apuntan que se escuchan muchas veces gritos y que la policía ha acudido en varias ocasiones por las discusiones entre la pareja.

Parece ser que la situación económica es la que ha empujado a la madre a pedir que sea la Administración quien tenga la tutela de sus hijos, hecho que en sí mismo no constituye un delito, pero sí que lo es el abandono, ya que acarrea una responsabilidad penal con posibilidad de ir a la cárcel durante tres años, que subiría hasta cuatro si la vida del menor hubiera estado en peligro.