Nueva Ley de Tráfico: Multas de 1.000 euros por duplicar la tasa de alcoholemia, reincidir o negarse a realizar la prueba

La reforma de la Ley de Tráfico también incluye la obligatoriedad del uso del casco en ciudad entre los ciclistas menores de 16 años

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Maria Molina
18/12/2013

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con la que multarán con 1.000 euros a los conductores que dupliquen la tasa de alcohol permitida, a los que sean reincidentes o a los que se nieguen a realizar la prueba del control de alcoholemia.

La reforma llega después del acuerdo entre el PP y el resto de grupos, salvo el PSOE que se abstuvo a votar, a partir de la enmienda de CiU.

La nueva Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial continuará con la sanción de 500 euros para el resto de casos en los que el conductor da positivo en alcoholemia o drogas.

La reforma, que será enviada ahora al Senado, incluye el acuerdo alcanzado por PP y CiU con el que se rebaja de 18 a 16 años el uso obligatorio del casco entre los ciclistas que circulen por la ciudad. En la actualidad, solo es obligatorio llevar el casco en vías interurbanas.

Con la reforma se permite que en un futuro el Gobierno modifique el Reglamento de Circulación y cambie las velocidades máximas y mínimas de vehículos, pasando de 120 kilómetros por hora a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas.

La oposición criticó la propuesta del PP de aumentar las multas de alcoholemia de 500 a 1.000 euros en todos los casos. El diputado de CiU, Jordi Jané, que proponía sancionar con 1.000 euros a los conductores que superarán el gramo de alcohol por litro en sangre o a los reincidentes, tachó la intención del PP de “afán recaudatorio”.

El portavoz del PSOE en la materia, Carlos Corcuera, se opuso a la primera propuesta del PP porque “una sanción de este tipo puede arruinar la vida de muchas personas” dada la actual situación económica.

Ante las críticas, la portavoz popular señaló que entiende el impacto económico que la sanción provoca en algunas familias, pero apoya a la Dirección General de Tráfico (DGT) porque “hay que ser muy firme con las posturas de no al alcohol y no a las drogas”.